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Contra la crisis, eurorregión

La oposición destaca las ventajas de la colaboración institucional entre regiones dentro de la UE

d.n. - Miércoles, 10 de Marzo de 2010 - Actualizado a las 07:44h.

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Pamplona. La Unión Europea permite agrupar legalmente y con personalidad jurídica propia a las entidades públicas de al menos dos Estados, con el objetivo de que sean las propias organizaciones quienes desarrollen la política comunitaria de cooperación territorial. El objetivo principal es superar los obstáculos que dificultan la cooperación transfronteriza mediante proyectos cofinanciados con la UE, y permite además acceso directo a Bruselas para conseguir la financiación de los proyectos de desarrollo a favor de sus territorios y evitar otros intermediarios. Es algo que ya ha hecho con éxito Castilla y León, Galicia y el norte de Portugal, por un lado; y Cataluña, Baleares, Languedoc- Roussillon y Midi Pirineos, por otro.

En ello andan ahora la CAV y Aquitania, que entre otras cuestiones han acordado profundizar las relaciones económicas y acelerar la conexión mediante la alta velocidad. Y a ello apelaron ayer los grupos de la oposición, que recordaron que, lejos de molestar, en tiempos de crisis la cooperación transfronteriza adquiere mayor transcendencia si cabe.

Antecedentes El nacimiento de la eurorregión que ahora impulsan Aquitania y la CAV se remonta a 1989, cuando los gobiernos de ambos territorios suscribieron un primer compromiso bilateral de colaboración. Navarra se sumaría a él tres años más tarde, en febrero de 1992, asumiendo la necesidad de defender la posición de las regiones periféricas dentro de la Unión Europea e impulsar proyectos de interés común para el desarrollo de las comunidades. Aquel acuerdo fue firmado por los entonces presidentes del Consejo Regional de Aquitania, Gobierno Vasco y Gobierno de Navarra, JeanTavernier, José Antonio Ardanza y Juan Cruz Alli.

Pero la presencia de la Navarra en el nuevo ente apenas duró ocho años. En enero de 2000 Miguel Sanz aprovechó el primer asesinato de ETA tras la tregua de 1998 y la "ambigua" respuesta del Gobierno Vasco, que gobernaba con acuerdos puntuales de EH, para romper el último vínculo activo de colaboración institucional con la CAV.

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