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Transparencia y escepticismo

Jiménez presenta su 'proyecto estrella', una ley para conocer el trabajo de la Administración, fomentar la información pública y la participación ciudadana, y regular los ingresos políticos tras el escándalo de los sobresueldos de UPN

Sábado, 21 de Enero de 2012 - Actualizado a las 05:09h

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eL vicepresidente del Gobierno de Navarra, el socialista Roberto Jiménez, presentó ayer el anteproyecto de la nueva Ley de Transparencia, un ambicioso intento sobre el papel de democratizar las relaciones entre ciudadanos y administraciones y de airear el ámbito de trabajo y de retribuciones de los cargos públicos, tanto en el organigrama de gobierno como en las empresas públicas. El propio Jiménez resalta que es el proyecto estrella del área de Gobierno Abierto, la que es una de sus grandes apuestas para diferenciar lo que considera el modelo de hacer y entender la política del PSN respecto a su socio UPN. Y es cierto que sobre el papel, el anteproyecto de Ley de Transparencia ofrece un ambicioso espacio para democratizar la gestión de la actividad pública, tanto en el ámbito del conocimiento del trabajo administrativo como en el de la participación ciudadana, el derecho a la información pública -sobre todo, la personalización en la distribución de las ayudas y subvenciones y el control de las encomiendas alas empresas públicas-, la normalización del uso del euskera en relación con el derecho a la información de los navarros y navarras o la ética en la acción de Gobierno. Sin embargo, más allá de que el texto presente una apuesta clara por la publicidad y el control de las retribuciones de los cargos públicos tras el escándalo de los sobresueldos que percibían de forma opaca y ocultada Barcina, Maya, Sanz y Miranda, todo ello no evita que sobre la iniciativa se alargue la sombra del escepticismo. No es la primera vez que un gobierno aborda e impulsa medidas dirigidas a mejorar las relaciones con sus administrados y a fomentar la transparencia y el control democrático de las instituciones y de la acción de gobierno que finalmente acaban en papel mojado. Se han aprobado en los últimos años leyes que regulan el tiempo de respuesta y los derechos de los ciudadanos en su relación con las administraciones públicas, o recogen las obligaciones de pago por servicios o contratas, o normativas centradas en combatir el descontrol del gasto públicos y el avance de la corrupción en instancias políticas que han terminado en papel mojado a la luz de los hechos reales. Y es ahí, en el compromiso de que lo presentado tenga una efectividad real, donde Jiménez se juega la credibilidad de esta apuesta, y casi antes de empezar hay ya dudas que señalan al modo de trabajar de la dirección general que se ha encargado de redactar la nueva legislación.

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