La cuenta atrás llega a sus últimas horas en medio de un estado de confusión e incertidumbre generalizada. Pedro Sánchez anunciará su decisión este lunes ante una expectación brutal, en España y en buena parte de Europa. Y a estas alturas ninguna salida parece buena. Si se queda, parecerá una táctica política. Si se marcha, se interpretará como una victoria y un golpe de Estado togado. Cualquier escenario es malo y las consecuencias son imprevisibles.
No está claro qué va a hacer ahora el presidente del Gobierno. La preocupación es evidente en el PSOE, que se ha tomado en serio la posibilidad de una dimisión. Los socialistas se han movilizado en los últimos días para hacer ver a su líder que tiene su apoyo y convertir la investigación judicial a la pareja del presidente en un ataque a la democracia. Si Sánchez quería un cierre de filas en torno a su persona, no hay duda de que lo ha conseguido, más allá incluso del PSOE. El miedo a la extrema derecha sigue siendo un argumento determinante en la política española.
La dimisión parece sin embargo una respuesta desproporcionada para alguien que ha hecho gala de resistencia. Sánchez no es el primer dirigente político al que se ha tratado de desprestigiar y hundir como vía rápida para forzar la caída un Gobierno. La judicialización de la política, y la politización de la justicia, hace tiempo que son una realidad. Se abren y se cierran causas en función de intereses políticos determinados. Se admiten denuncias y se inician diligencias para su amplificación mediática y, llegado el caso, forzar la dimisión. Ejemplos de medidas judiciales excepcionales, excesivas y abusivas, hay muchos. Algunos cercanos.
Más allá de la investigación a su mujer, que no parece tener gran recorrido, Sánchez sigue contando con apoyo social y una mayoría parlamentaria precaria pero suficiente al menos a corto plazo. Así que la lógica invita a pensar que no se va a ir. Pero llegados a este punto, quizá ha decidido dar un paso atrás, buscar un futuro en Europa o dejar la política. Habrá que esperar a que sea el presidente el que tome la decisión.
Estamos en todo caso ante un punto difícilmente reversible. Abierta públicamente la reflexión, Sánchez ya no puede seguir adelante como si no hubiera pasado nada. No al menos sin dar la imagen de que todo ha sido una nueva argucia política para ganar apoyo y compresión. Si finalmente se queda, deberá justificar muy bien por qué lo hace, porque la presión política y mediática no va a cesar. Menos ahora que el foco se ha puesto sobre en el ámbito más cercano del presidente.
Tampoco parece justificada la moción de confianza, otra de las opciones que se baraja estos días. El problema de Sánchez no son sus socios, por lo que sería injusto trasladarles la responsabilidad en medio de un contexto preelectoral. Una cosa es mostrar solidaridad con el presidente del Gobierno y otra dar un apoyo incondicional al líder de unas siglas concretas.
El problema de fondo
En todo caso, y más allá de la decisión final de Sánchez, la crisis abierta estos días invita a una reflexión mucho más profunda sobre un modelo institucional cada vez más desequilibrado. Y que tiene el epicentro en Madrid, donde el poder político de la derecha es capaz de poner en jaque a todo un Gobierno gracias a un apoyo mediático debidamente financiado y a la complicidad del Poder Judicial.
Un entorno tóxico que genera situaciones de extrema tensión y gravedad. El nivel de crispación política es insólito y el descrédito de las instituciones cada vez es mayor. Se deslegitima al presidente del Gobierno, se desautorizan las mayorías parlamentarias y se hunde la credibilidad de la justicia con el uso partidista de los tribunales. Resulta difícil creer en su imparcialidad cuando determinados jueces, situados en puestos estratégicos, actúan al servicio de los intereses políticos de la derecha para hacer caer al Gobierno.
Nadie sabe lo que hará Sánchez este lunes y la decisión, en todo caso, es suya. Tiene motivos para irse y también para quedarse. Pero estos cinco días pesan mucho y va a ser difícil dar marcha atrás a una dimisión que sería un grave precedente. No al menos sin una respuesta clara, concreta y firme a la derecha política, mediática y judicial. Todo lo que ocurre tiene consecuencias, y algunas empiezan a ser irreversibles.
