Treinta millones de euros es la cantidad estimada que ha dejado de percibir el Ayuntamiento de Pamplona en los tres últimos años, a raíz de 10 millones por ejercicio, por la decisión que se adoptó durante el mandato de Enrique Maya, y que continuó su sucesora Cristina Ibarrola, de no aplicar los valores registrales actualizados de los inmuebles de la ciudad y ocultar a los grupos municipales la existencia de una nueva ponencia de valoración.
El informe técnico estaba listo desde marzo de 2021 y su aplicación en los tres siguiente años habría permitido aumentar significativamente la capacidad recaudatoria del Ayuntamiento al establecerse al alza los nuevos valores catastrales de cada vivienda, local, industria o terreno (de naturaleza urbana y rústica) de la ciudad, de lo que dependen impuestos como el de la contribución urbana, clave en la financiación municipal.
Pero en vez de presentar la nueva ponencia de valoración para su tramitación y posterior aprobación, como venían solicitando desde hacía tiempo las fueras progresistas, UPN y PP, socios entonces en la coalición Navarra Suma, decidieron meter el documento en un cajón y ocultar su existencia.
El secreto se mantuvo hasta hace dos semanas, cuando técnicos de Tracasa acudieron al edificio consistorial para informar a los representantes municipales sobre los trabajos realizados hasta el momento para actualizar los elementos que intervienen en la valoración de los inmuebles.
Para sorpresa de la mayoría de los presentes, los técnicos de Tracasa desvelaron que existía un informe acabado desde hacía 3 años, pero que desconocían la razón por la que se había mantenido escondido.
Los concejales de las formaciones progresistas no podían dar crédito a lo que estaban escuchando. Según han coincidido en señalar varios de los asistentes a la reunión, la sala quedó en silencio tras la revelación, sin que nadie diera explicaciones, con miradas de incredulidad hacia los asientos que ocupaban María Echávarri y Juan José Echeverría, de UPN, y Carmen Alba, del PP, que en la pasada legislatura ocuparon puestos de responsabilidad en el equipo de Gobierno.
De la sorpresa se pasó rápidamente a la indignación ante las preguntas formuladas y las respuestas dadas por los técnicos de Tracasa sobre la repercusión económica de la decisión de no tramitar la nueva ponencia de valoración.
Diez millones sin ingresar por cada año desde 2022, cuando debería haber entrado en vigor, y una subida superior al 30% de la contribución urbana. Estas son las cifras que ofrecieron los técnicos de Tracasa por la diferencia de valor de los inmuebles antes y después de que elaboraran los nuevos baremos que el Ayuntamiento de Pamplona decidió ignorar.
El documento al que ha tenido acceso DIARIO DE NOTICIAS recoge los datos técnicos de la simulación realizada en marzo de 2021 y la comparativa con la situación posterior, incluyendo un análisis de la zonificación, un estudio de mercado, la valoración y el valor catastral.
Por lo que se refiere al valor la vivienda se ha observado un aumento del 136% con respecto al que presentaba en 2021; en el caso los locales el desfase al alza es del 39% y en el caso de las industrias sube al 86%.
La cifra se dispara en los valores catastrales del suelo, con un incremento en estos tres años del 134% para los terrenos de naturaleza urbana y del 299% para los suelos de naturaleza rústica.
Una nueva actualización y bonificaciones
Después de aquel primer informe que acabó siendo ignorado, Tracasa está elaborando otra ponencia de valoración para el Ayuntamiento que establecerá de forma colectiva los métodos y parámetros técnicos que permitan asignar un valor catastral actualizado a cada inmueble. La previsión es que el borrador de Tracasa esté listo para mediados de este mes.
Será el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona el que apruebe ese borrador, previsiblemente, a principios de junio. Superado ese trámite, el borrador de la ponencia de valoración se publicará en el Boletín Oficial de Navarra y se abrirá un plazo de exposición pública y de presentación de alegaciones de alrededor de un mes. El objetivo es que el grueso de esas alegaciones, si las hubiera, se respondan para otoño.
La ponencia de valoración se encarga de actualizar los elementos básicos que intervienen en la valoración registral de los inmuebles con la finalidad de que ésta sea lo más adecuada posible conforme al marco normativo vigente. Estos valores servirán como referencia para las actuaciones que desarrollen la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y los Ayuntamientos, en el ejercicio de sus funciones públicas, como recoge el artículo 21 de la Ley Foral 12/2006, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra.
Que las fuerzas progresistas hayan pedido reiteradamente la actualización de la ponencia de valoración tiene una vertiente más social, ya que para poder introducir en las ordenanzas fiscales una bonificación de hasta el 90% en la contribución de las rentas más bajas, el Ayuntamiento está obligado por ley a actualizar los valores catastrales.
La última vez que se hizo fue en 1998. En estos 26 años únicamente se han realizado dos revisiones parciales (en 2006 y 2016). En 2018 se iniciaron los trámites para la revisión completa para disponer de una nueva ponencia de valoración actualizada a los valores de mercado y a la situación urbanística de la ciudad.
